Secuestro de odontólogo en Guatemala: un rescate fallido y un paradero incierto
El 28 de mayo de 2025, el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo en la aldea El Jocotillo, Villa Canales, conmocionó a Guatemala y puso en evidencia la escalada de crímenes de alto impacto en el país. A casi un año del suceso, su paradero sigue siendo un misterio, a pesar de las exhaustivas investigaciones y la detención de varios sospechosos.
Según información detallada por La Hora GT, aquel día, Julio había alterado su rutina habitual para celebrar el cumpleaños de su hija mayor. Tras unas horas de aparente normalidad, alrededor de las nueve de la mañana, el odontólogo ingresó a un centro comercial en la ruta a El Salvador, sin percatarse de que ya estaba siendo vigilado y seguido por un grupo de secuestradores.
La investigación del Ministerio Público (MP) revela que, al salir de su residencia, Julio fue interceptado por tres vehículos que lo acechaban desde el estacionamiento de un restaurante de comida rápida. Entre los involucrados, las autoridades identificaron a Julio Alejandro G., quien habría facilitado los automóviles y, gracias a su vínculo personal con la víctima, anticipó sus movimientos con precisión.
Cámaras de seguridad reconstruyen la ruta del secuestro
Las cámaras de seguridad del centro comercial fueron cruciales para reconstruir los hechos. Registraron la llegada de Julio y, minutos después, su salida, seguido de cerca por una Toyota Tundra, una Ford Explorer y un Jeep Compass. Estos mismos vehículos habían sido vistos previamente en el estacionamiento del restaurante, confirmando la planificación del operativo.
El seguimiento se extendió por aproximadamente 8 kilómetros, hasta el cruce de la carretera El Salvador hacia la aldea El Jocotillo. En este punto, la señal de las cámaras urbanas se perdió. El análisis de los videos, presentado por la Fiscalía en audiencias, muestra cómo los automóviles de los secuestradores se adelantaron y obligaron a la víctima a detenerse en un paraje sin vigilancia, simulando una falla mecánica. Se presume que en este tramo, sin cobertura de cámaras, Julio fue privado de su libertad.
Minutos después, cámaras adicionales captaron la Toyota Tundra y la Ford Explorer regresando hacia la capital, seguidas por el vehículo de la víctima. El pickup de Julio fue finalmente abandonado en la entrada del condominio Arrazola. Las grabaciones de seguridad documentaron el momento en que una persona descendía del automóvil y abordaba el Jeep Compass, cerrando el rastro visual.
Un rescate fallido y la búsqueda de justicia
La desaparición de Julio fue confirmada por su hermana, quien, alarmada por la falta de comunicación, localizó el vehículo y dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC). Poco después, llegaron las llamadas de los secuestradores, exigiendo un rescate de Q5 millones. Esta cifra, según La Hora GT, coincidía con el valor de un terreno que Julio planeaba vender en El Jocotillo.
A pesar de la entrega de parte del dinero, los secuestradores no liberaron al odontólogo. Su paradero sigue siendo desconocido, sumiendo a su familia en una angustiosa espera. El Ministerio Público ha presentado una sólida batería de pruebas, que incluyen escuchas telefónicas y fotogramas de videovigilancia, que refuerzan la hipótesis de un secuestro meticulosamente planificado con información privilegiada sobre la rutina de la víctima.
La investigación ha permitido identificar a cinco implicados formalmente vinculados al proceso penal por plagio o secuestro: Julio Alejandro Girón C., Carlos Antonio G., Juan Ubaldo T., Juan Oswaldo T. y Paola Isabel D..
El proceso judicial avanza sin resolver el paradero
Durante las audiencias, se revelaron grabaciones que documentan el seguimiento y la coordinación entre los secuestradores antes y durante la ejecución del delito. Uno de los elementos más impactantes fue la última comunicación de la víctima, registrada por WhatsApp, donde un hombre le ordena seguir conduciendo y, segundos después, la llamada se interrumpe.
El proceso judicial continúa en etapa intermedia, con la expectativa de que las pruebas presentadas por el Ministerio Público permitan avanzar hacia un juicio formal. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el destino de Julio. La familia y la sociedad guatemalteca exigen justicia en un caso que ha expuesto los graves riesgos que enfrentan los profesionales en el país.
