La Corte Suprema define dos casos clave para el Gobierno de Milei: universidades y fondos a provincias
La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder dos expedientes cruciales cuyas resoluciones impactarán directamente en las finanzas del gobierno de Javier Milei. Se trata de la judicialización impulsada por el Ejecutivo para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y, por otro lado, la demanda de varias provincias contra el Estado Nacional por el recorte de transferencias directas, en el marco de la política de “déficit cero”.
Desde la Casa Rosada, el ministro de Justicia reiteró la semana pasada que la cobertura de los dos sillones vacíos en la Corte no está en la agenda presidencial. Algunos analistas interpretan esta decisión como un mensaje hacia el máximo tribunal, que ahora tiene la potestad de emitir fallos determinantes para la economía nacional.
El conflicto por el financiamiento universitario
Dentro del Palacio de calle Talcahuano, se admite que el estudio del amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 se encuentra en una etapa inicial y “no hay plazos” para su resolución. Este decreto había dispuesto que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795) solo podía ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional “una vez que se determinarán las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyeran las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Ante la judicialización, se dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de esa norma. El reclamo explícito es que se exija al Gobierno Nacional el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso, lo que implicaría la “provisión de los fondos necesarios y el dictado de las normas que se requirieran a ese fin”. Mientras se desarrollan masivas marchas universitarias, el Estado Nacional insiste en que la ley sea declarada inconstitucional.
El caso ha tenido un recorrido judicial complejo. El juez del fuero Contencioso Administrativo Martín Cormick hizo lugar al reclamo del Estado Nacional, considerando inaplicable la Ley de Financiamiento Universitario y resolviendo que la medida tendría vigencia hasta la sentencia definitiva. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apelaron esa decisión, que suspendía la ejecución de una cautelar previa que obligaba al Poder Ejecutivo a cumplir con el financiamiento. El fallo de Cormick fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, lo que derivó el reclamo a la Corte Suprema.
La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe que estima un impacto fiscal del 0,23% del PBI si se aplica la ley, cifra que el CIN calificó de “un ahorro poco significativo”, al tiempo que advirtió sobre la posible “vulneración al derecho a aprender y enseñar”. Las universidades buscan la declaración de inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y el cumplimiento inmediato de la ley 27.795, que incluye la actualización de salarios de docentes y no docentes desde el 1º de diciembre de 2023 y la recomposición de programas de becas.
El Estado estima que el costo de implementación de la ley para el ejercicio 2025 sería de aproximadamente $1.069.644.600.000 pesos. Según el gobierno, esto requeriría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios, lo que destruiría el equilibrio fiscal, transformando un superávit en un resultado negativo de $-1.184.122.075.463.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha señalado que las universidades nacionales “atraviesan una reducción presupuestaria de magnitud excepcional desde el retorno de la democracia”. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. El financiamiento por estudiante se redujo a 2,4 millones de pesos, el valor más bajo desde 2004, y el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva en marzo de 2026 se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes.
Reclamos provinciales por Coparticipación
El segundo frente de inquietud para la Casa Rosada es el reclamo que varios gobernadores llevaron ante los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las provincias demandan la reversión del recorte de fondos directos vinculados a la Coparticipación Federal, implementado bajo la premisa del “déficit cero”. Un fallo favorable a las provincias, según fuentes oficiales, implicaría una erogación financiera significativa para el Gobierno.
La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema es la encargada de recibir estos reclamos que buscan que el máximo tribunal revierta el “recorte de transferencias, la quita de subsidios o la modificación unilateral de los impuestos coparticipables”.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha presentado diversas demandas contra la gestión de Javier Milei. Reclama el fondo de Fortalecimiento Fiscal, exigiendo la declaración de inconstitucionalidad de su eliminación por decreto y la devolución de las partidas afectadas. También interpuso un reclamo que supera el billón de pesos, acusando a la Nación de cambiar unilateralmente el mecanismo de actualización de recursos, basándose en estimaciones presupuestarias en lugar de la inflación real.
Una de las primeras provincias en judicializar el conflicto fue Chubut, que entre sus múltiples reclamos incluyó la retención de Coparticipación. Sostuvo que la Nación retuvo fondos coparticipables directos para cobrarse deudas previas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Otros gobernadores que esperan una resolución del máximo tribunal en el mismo sentido son Sergio Ziliotto (La Pampa), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Además de la Coparticipación, el financiamiento de las cajas previsionales es parte de los reclamos de otras provincias.
