Caso Andis: nuevas pruebas revelan que lobistas cobraban hasta el 20% de coimas en licitaciones
La investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suma nuevas pruebas que apuntan a un esquema donde intermediarios habrían cobrado hasta el 20% de coimas sobre las compras del organismo. La Justicia detectó coincidencias entre los pagos de la Andis y las anotaciones y mensajes de un lobista sospechado de quedarse con una quinta parte del dinero destinado a las contratistas, a cambio de asegurarles participación en licitaciones.
LA NACION accedió a certificados de pagos del organismo que, por sus fechas y montos, presentan similitudes con archivos clave del expediente, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.
El circuito de los «retornos» y el rol de Miguel Calvete
Uno de los ejemplos que ilustran el mecanismo involucra a la empresa Artrobone Ortopedia S.A. El 30 de junio de 2025, Andis emitió dos certificados de pago por $17 millones y $16 millones. Ocho días después, la titular de la empresa envió a Miguel Ángel Calvete, un hombre sin relación formal con la firma ni cargo público, una tabla que incluía las mismas cifras, y una línea con “Miguel $6.600.000”, otra con “Guadalupe $1.650.000” y la leyenda “Cobrado el 30/6”. Los $6.600.000 representan exactamente el 20% del total de esos pagos.
Según el expediente, Calvete mantenía un diálogo fluido con funcionarios de la Andis, quienes le informaban sobre los pagos. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área, Daniel Garbellini, le habría enviado un mensaje con el título “Sus ofrendas de esta semana”, adjuntando una tabla de 10 contratistas del Estado con una suma de $2021 millones. Ese mismo día, 24 de julio de 2025, la Andis emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas por idéntico monto, según un pedido de acceso a la información pública realizado por LA NACION.
El dictamen fiscal describe a Calvete como un “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión”. Se lo señala como un supuesto eslabón intermedio que “obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el Siipfis”, el sistema de compulsas que utilizaba el organismo y cuyas adjudicaciones no eran publicadas en el portal Compr.Ar.
“Miguel 20%”, se lee en un documento que la Justicia encontró en el celular de Calvete. Se trata de una foto que le envió Guadalupe Muñoz, identificada por la Justicia como su pareja, con una tabla. En todas dice “Silla” y una cifra de dinero. Suman $115 millones. Abajo aparece otra fila que dice “Miguel 20%” y “$23.000.000″.
Este documento se vincula a la compra de sillas a la firma Expo Trauma S.A., adjudicataria de esas compras, según el sistema Siipfis. Expo Trauma, que figura con el monto más alto en el mensaje de las “ofrendas” ($400,7 millones), es también una de las empresas señaladas por un documento interno del Ministerio de Salud por presuntos sobreprecios de hasta 535% en la venta de sillas de traslado postural. LA NACION intentó contactar a sus representantes, sin éxito, y constató que una de sus direcciones operativas declaradas no existe.
Otro caso es el de Neurosalud. El presidente de la compañía, Fabián Piedimonte, intercambió mensajes con Calvete. El 30 de junio de 2025, Calvete le envió: “403.270.000. – mañana”. Al día siguiente, Andis emitió un certificado de pago a favor de Neurosalud por idéntico monto. Dos semanas antes, Calvete le había enviado un audio a Piedimonte, diciendo: “Creo que la semana que viene sale una liquidación, hacemos como siempre, llevalo ahí a lo de los chicos”.
Sobreprecios, facturas falsas y defensas
La Ortopedia Bernat, también en la lista de las “ofrendas” con $308 millones, emitió la factura del andador con el presunto sobreprecio del 4239% detectado por el Ministerio de Salud. La Justicia investiga documentos comerciales de la firma, posando la lupa sobre la facturación entre Bernat e Indecomm, una empresa de la que Calvete fue socio en 2022.
Un mensaje de Calvete a quien la Justicia identificó como su secretaria, pidiendo “Lo facturas a Bernat porfa…!!”, junto a una imagen con cifras que suman $5.849.740 (el 19,6% del total), coincide con una factura emitida por Indecomm a Ortopedia Bernat por “Camas ortoped. reacond”. El fiscal Picardi cuestionó la falta de documentación respaldatoria, sugiriendo que “la facturación no respondía a una operación comercial genuina, sino que habría sido utilizada como instrumento para canalizar transferencias de dinero entre los integrantes de la organización ilícita”.
Indecomm también emitió facturas por $159 millones a Prolite Orthopedics, otra empresa de la lista de “ofrendas”. El representante de Prolite, Christian Sagues, reconoció el vínculo con Calvete, afirmando que este “se encargaba de gestiones de inscripción, presentación documental y seguimiento de cobros ante ANDIS como gestor / intermediario comercial, práctica habitual en el sector”, y que “se le pagó comisiones documentadas con facturas”, ignorando sus “vínculos con funcionarios o con otras ortopedias”.
En contraste, Ortopedia Bernat negó a LA NACION participar en “ningún circuito de coimas a funcionarios” y defendió el valor del andador con sobreprecio, señalando que aún no recibieron el pago.
La defensa del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro, negó su participación en el presunto grupo delictivo, argumentando que “no conocía a los proveedores ni mantuvo conversaciones con ellos”. El abogado de Garbellini prepara un descargo, mientras que la defensa de Calvete se negó a responder preguntas a la Justicia a la espera de pericias y la resolución de nulidades.
En total, 49 personas fueron llamadas a indagatoria. Muchos de ellos buscan la nulidad de la causa y cuestionan el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que detonaron la investigación. A fines de abril, el juez Lijo ordenó un peritaje de esas grabaciones.
