Política climática: el 90% de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina están suspendidos o vencidos
A quince días de la renuncia de Fernando Brom como subsecretario de Ambiente de la Nación, la cartera continúa acéfala y sin señales de reactivación. Esta parálisis administrativa coincide con la presentación del último reporte del Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC), que revela un escenario crítico: el 88,7% de los 115 compromisos ambientales asumidos por la Argentina caducaron, no registraron avances o fueron directamente dados de baja por la actual gestión. La gran mayoría de estas metas tienen como fecha límite el año 2030.
El informe, elaborado por la organización Sustentabilidad sin Fronteras junto a una red de 26 organizaciones ambientalistas, universidades y centros de investigación, expone el estado de abandono de las políticas de mitigación del cambio climático en el país. De los 115 objetivos relevados, un total de 103 metas climáticas se encuentran fuera de la trayectoria necesaria para su cumplimiento. Entre los compromisos incumplidos destaca la meta de reconvertir el 100% de la flota de vehículos oficiales del Estado nacional a motores eléctricos para 2030, una meta calificada como «imposible» bajo las condiciones actuales de gestión.
Señales políticas y retroceso internacional
Para Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad sin Fronteras y coordinador del ONAC, la falta de designaciones y la parálisis de los programas no son descuidos burocráticos, sino decisiones políticas deliberadas que dañan la reputación internacional de la Argentina. La reciente decisión de retirar a la delegación argentina de la cumbre climática COP29 en Bakú y la falta de presentación de la última Contribución Nacional Determinada (NDC) —el documento clave donde cada país actualiza sus metas de reducción de emisiones— configuran un panorama de aislamiento global.
“Que no hayan presentado la última Contribución Nacional Determinada o que hayan retirado a la delegación argentina de la COP29 da un mensaje de incertidumbre para afuera”, advirtió Villares, quien además alertó sobre un «claro abandono» de la agenda ambiental a nivel federal.
Trabas burocráticas y el «apagón» de datos oficiales
El relevamiento del observatorio también dejó al descubierto un severo problema de coordinación y transparencia interna. Al realizar pedidos de acceso a la información pública en 17 dependencias del Estado nacional, los investigadores recibieron respuestas que confirman la falta de prioridad del área: diversas áreas contestaron que no realizan ningún tipo de seguimiento sobre las metas ambientales o que la agenda climática no les compete, a pesar de las normativas vigentes que les asignan responsabilidades directas en la materia.
En cuanto a los pocos aspectos con saldo positivo, el ONAC identificó avances en los mecanismos de rendición de cuentas y la publicación del Sistema Nacional de Información Climática (SNIC). Sin embargo, este avance relativo se encuentra estancado en la práctica: los datos de la administración nacional cargados en la plataforma están desactualizados y corresponden únicamente al año 2023, lo que evidencia que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei no se ha generado nueva información pública consolidada.
El esfuerzo provincial condicionado por la Nación
A nivel subnacional, el informe destaca que las provincias muestran un mayor compromiso en la elaboración de sus planes locales de respuesta al cambio climático. No obstante, este impulso se topa con un fuerte límite financiero. Gran parte de los programas ambientales provinciales dependen de financiamiento de organismos multilaterales de crédito que requieren obligatoriamente la «firma soberana» del Gobierno nacional para destrabar los fondos. Ante la falta de avales por parte de la Casa Rosada, la ejecución de estos proyectos locales se encuentra virtualmente paralizada, profundizando la brecha entre los compromisos asumidos y la realidad ambiental del país.
