Ley de semillas: el Gobierno busca destrabar el conflicto entre el campo y la industria por las regalías
El Gobierno nacional busca acelerar un consenso clave para el sector agropecuario. En una reunión convocada por la Secretaría de Agricultura, representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) intentaron acercar posiciones sobre el derecho de uso propio y la reforma de la Ley de Semillas. Aunque hubo sintonía en la necesidad de fijar excepciones al pago de regalías, persisten fuertes diferencias sobre el alcance de la propiedad intelectual y la adhesión del país al tratado internacional UPOV-91.
La discusión actual gira en torno a la modificación de la normativa vigente para adaptarla a las demandas de la industria, pero sin desproteger a los pequeños y medianos productores. El Poder Ejecutivo pretende llevar un proyecto consensuado al Congreso de la Nación, aunque fuentes oficiales ya advirtieron que el tiempo de negociación no será ilimitado.
La disputa por los límites del pago de regalías
El principal punto de debate técnico radica en definir quiénes quedarán exentos de pagar regalías por el uso propio de las semillas de soja, trigo y arroz. Desde el sector productivo, la propuesta de las entidades del campo apunta a proteger a la base de la pirámide agrícola. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), detalló la brecha que separa las propuestas de los productores y de las empresas semilleras.
En soja, es el tema más tenso. El 80% de los productores producen el 20% de la producción total de la Argentina. Y el 80% de la producción está en manos del 20% de los productores. Nosotros lo que queremos es que ese 80% de productores quede exento del pago de regalías, que significa simplemente el 20% de la producción argentina, y que el 20% de los productores pague el uso propio por tres años.
La iniciativa de la Mesa de Enlace propone exceptuar a quienes produzcan hasta 500 hectáreas en el total de sus cultivos, utilizando registros oficiales como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el registro de Grandes Usuarios de Semillas (GUS) del Inase. Por el contrario, la propuesta de ASA limita la excepción a un universo equivalente al 24% de la producción, lo que según los cálculos de las entidades rurales solo cubriría a productores de hasta 47 hectáreas.
El tratado UPOV-91 en el centro de la discordia
El otro gran escollo es la intención oficial de adherir a la Argentina al convenio internacional UPOV-91, un compromiso asumido en acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Actualmente, el país se rige por el Acta de 1978 de la Unión de la Protección de Obtenciones Vegetales, que otorga mayor flexibilidad para el uso propio sin restricciones.
Las entidades del campo rechazan de plano el paso al UPOV-91. Según explicó Sarnari, este convenio extiende los derechos del obtentor de la tecnología no solo a la semilla y su multiplicación, sino también al producto cosechado final, es decir, a los granos. La dirigente además contextualizó el debate señalando la alta presión impositiva y la vigencia de las retenciones que licúan la rentabilidad del sector.
Para intentar destrabar este punto, Gustavo Gaich, representante de Coninagro, anticipó que se organizarán dos encuentros técnicos clave: uno con especialistas del INTA para analizar las variedades esencialmente derivadas (VED) y otro con directivos de la propia UPOV para evaluar el impacto real sobre el producto de la cosecha.
La advertencia del Gobierno: acuerdo o decisión unilateral
Desde la Secretaría de Agricultura, conducida por Sergio Iraeta, insisten en que la actual Ley de Semillas es «impracticable» y requiere una reforma urgente para garantizar la propiedad intelectual y atraer inversiones. Si bien la preferencia oficial es lograr un proyecto de consenso, fuentes de la cartera agrícola advirtieron que el plazo de negociación tiene un límite.
En el Gobierno recuerdan lo sucedido recientemente con las reformas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En aquella oportunidad, tras abrirse una mesa de diálogo que no arrojó consensos rápidos, el Ejecutivo avanzó de forma directa con su propuesta original. Las fuentes oficiales estiman que, de no mediar un acuerdo privado entre productores y semilleros para pulir los números de las exenciones, la adhesión al UPOV-91 podría concretarse de manera unilateral hacia el año 2027.
