Causa Vialidad: condenados buscan en la Corte Suprema retrasar el decomiso de $685.000 millones

Los condenados en la causa Vialidad, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, presentaron una «gran cantidad de quejas y recursos» ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de retrasar el decomiso de 685.000 millones de pesos. Esta cifra, actualizada a valores actuales, corresponde al fraude cometido contra el Estado, según lo determinado por la sentencia acusatoria confirmada hace un año por el máximo tribunal.

La sentencia, que ya es de cumplimiento efectivo, estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los implicados y, en su momento, derivó en detenciones, aunque algunos cumplen sus penas bajo modalidades morigeradas como el arresto domiciliario. Ahora, la etapa clave es la ejecución patrimonial, que busca recuperar el dinero producto de la maniobra delictiva.

El camino judicial y la millonaria actualización

La Justicia Federal había determinado que entre 2003 y 2015 operó una organización criminal desde el Estado que adjudicó de forma irregular y con sobreprecios promedio del 65% un total de 51 licitaciones viales a empresas de Lázaro Báez. Se constató que el 50% de esas rutas quedaron abandonadas. El fraude original fue fijado en 85.000 millones de pesos. Sin embargo, tras la confirmación de la condena por parte de la Corte, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) solicitó al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal la actualización de esa cifra, resultando en los actuales 685.000 millones de pesos.

Con el monto actualizado, el Ministerio Público Fiscal identificó 111 bienes muebles e inmuebles para el decomiso inicial. Esta medida fue respaldada por un fallo del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en noviembre de 2025. Tras una apelación de los condenados, la Cámara de Casación confirmó en febrero de este año que se debía proseguir con el decomiso. Sin embargo, un nuevo planteo retrasó el proceso, aunque el máximo tribunal penal ratificó su criterio, rechazando la vía extraordinaria para apelar la orden de ejecución patrimonial.

Estrategias dilatorias y la función de la Corte

Ahora, los condenados, incluyendo Cristina Kirchner, recurrieron en queja ante la Corte Suprema. Buscan que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti reviertan la decisión del TOF 2 y Casación. Fuentes judiciales indicaron que los recursos de queja están en estudio en la Secretaría Penal y cada planteo se aborda individualmente, lo que demanda tiempo. A estos reclamos se suman otros, como el de la Unidad de Información Financiera (UIF), que considera que los bienes decomisados en causas por lavado de activos deberían ser administrados por su organismo.

Una fuente judicial señaló que los condenados «van a exprimir todas las leyes y vericuetos legales para demorar la decisión final». Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el destino de los bienes decomisados. El oficio del TOF 2 fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna en Infraestructura, a cargo de Sergio Romero. La Corte puede incorporar los bienes al patrimonio del Poder Judicial, cederlos a organizaciones o estamentos públicos que los hayan requerido, o someter a subasta pública aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades.

El TOF 2 ya inscribió la información de los bienes en la «Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal». Los jueces que ejecutan la pena consideraron fundamental avanzar en el decomiso, bajo la premisa de que «en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado», buscando restaurar la justicia y recuperar para la comunidad los activos obtenidos ilícitamente. Se recomendó a la Corte priorizar a la provincia de Santa Cruz para el destino de algunos bienes, dada la afectación a su red vial.