Caso Facundo Leal: dictan preventiva por drogas y piden detención por corrupción en Arsat

La situación judicial de Facundo Leal, expresidente de Arsat y Orsna, se agrava considerablemente. La Justicia dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficio domiciliario, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En paralelo, la fiscalía solicitó ahora también su detención por las presuntas maniobras de corrupción durante su gestión al frente de la empresa estatal de satélites Arsat.

La jornada estuvo marcada por idas y vueltas procesales. Por la mañana, el juez Lino Mirabelli se declaró incompetente en la investigación sobre los estupefacientes, encontrados en el departamento de Leal en Palermo, y envió la causa a Comodoro Py. La investigación recayó en el juzgado que subroga Daniel Rafecas, pero, al encontrarse este de licencia, Julián Ercolini firmó el rechazo y la causa regresó al juzgado de Mirabelli en San Isidro. Una vez devuelta, el magistrado dictó la prisión preventiva para Leal.

Pedido de detención por corrupción en Arsat

Al mismo tiempo, el fiscal federal de San Isidro, junto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, formalizaron un pedido para que el juez dicte también la prisión preventiva en la causa que investiga a Leal por corrupción. Domínguez y Rodríguez insistieron en la existencia de elementos suficientes para avanzar con la convocatoria a declaración indagatoria de una decena de personas físicas y jurídicas.

Entre los señalados se encuentran exfuncionarios de ARSAT, directivos de la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS) y la propia empresa. La lista incluye a Gerardo Boschin (expresidente de Trenes Argentinos y exgerente de compras de Arsat), Pablo Pagani (funcionario de Arsat), Juan Navarro (Arsat), Juan Antonio Álvarez (Arsat), Fernando Diego Paredes (ALS), Diego Maximiliano Padilla (ALS), Gastón Walter Padilla (ALS), Sofía Varela Vizgarra (ALS) y Santiago Pando, investigado por ser intermediario en el negocio entre la empresa pública y el depósito.

El Ministerio Público argumentó que existen indicadores concretos tanto de peligro de fuga como de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según los fiscales, el extitular de ARSAT cuenta con recursos económicos líquidos y con capacidad operativa para evadir controles mediante la utilización de herramientas técnicas.

Asimismo, los fiscales señalaron que su desempeño previo y actual en organismos estatales sensibles le habría otorgado una estructura y conocimientos que podrían ser utilizados para interferir en la recolección de pruebas. Como ejemplo, mencionaron la sospecha de que su hija y su novia intentaron retirar elementos de interés de su domicilio 90 minutos antes de la llegada de la policía, cuando Leal ya estaba incomunicado.

La presentación fiscal también hizo referencia a la disponibilidad de medios para sustraerse de la acción de la Justicia, como la utilización de canales de movilidad no ordinarios, incluyendo un avión privado. En este expediente se investigan posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Medidas cautelares y otra causa abierta

Ambas causas seguirán a cargo del juez Mirabelli, quien finalmente resolvió citar a indagatoria a Leal y a otros 10 involucrados por los delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El magistrado dispuso una batería de medidas cautelares y probatorias para profundizar la pesquisa.

Entre las medidas figuran la prohibición de salida del país para todos los imputados, el embargo y la inhibición general de bienes, el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y el requerimiento de información al Banco Central de la República Argentina y a la Oficina Anticorrupción para analizar las declaraciones juradas de los acusados.

En paralelo, se abrió otra investigación para analizar presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Leal al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). En ese expediente, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía de Ramiro González ya solicitó las primeras medidas de prueba, incluyendo informes patrimoniales y los legajos correspondientes a las obras adjudicadas durante su administración.