Financiamiento universitario: la reforma de Milei está frenada en Diputados sin avales
El proyecto del presidente Javier Milei para reformar la ley de financiamiento universitario, presentado en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero, se encuentra estancado. A casi cuatro meses de su ingreso, la propuesta no ha tenido tratamiento legislativo y, según referentes del oficialismo, es probable que nunca se aborde.
“No está en nuestra agenda parlamentaria. Va a haber una solución por otra vía”, afirmó un referente del bloque libertario, confirmando el freno a la iniciativa que buscaba modificar aspectos clave del presupuesto de las casas de altos estudios.
La propuesta legislativa fue girada al Congreso en paralelo a un reclamo judicial del Gobierno para eludir el desembolso de $2,5 billones a las universidades, una cuestión que actualmente se dirime en la Corte Suprema de Justicia. Mientras el frente judicial avanzó en favor de las universidades, con fallos en primera y segunda instancia, el plano legislativo se mantuvo estático. El tratamiento de la iniciativa oficial se postergó, explicaron en el bloque libertario, para asegurar consensos que nunca llegaron a concretarse.
Incluso, el Gobierno no logró el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a pesar de las tratativas llevadas adelante por Santiago Caputo, una figura clave en la estrategia comunicacional y política del presidente.
Diferencias clave con la ley vigente
El proyecto oficial plantea una actualización salarial en tres tramos –4,1% en marzo, julio y septiembre– sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, a diferencia de la normativa actual, no contempla la pérdida acumulada por la inflación desde diciembre de 2023, lo que representa una diferencia sustancial para el poder adquisitivo de los docentes y no docentes.
Asimismo, la propuesta del Poder Ejecutivo establece la convocatoria a negociaciones paritarias cada tres meses, pero, a diferencia de lo que marca la emergencia actual, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación, dejando un margen de discrecionalidad mayor al Gobierno.
En lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades, la iniciativa de Milei también difiere de la ley 27.795. La norma vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en diversos programas presupuestarios, incluyendo los de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En contraste, el proyecto oficial no menciona la recomposición para 2024 y 2025. Para este año, solo establece que si la inflación anual supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Un punto adicional de la propuesta oficialista es una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones destinada específicamente al funcionamiento del sistema de salud universitario, un aspecto que no está contemplado en la ley actual.
